Se cumplen 100 días del cambio de gobierno, un período de muchos cambios y de un enfoque particular para encarar la gestión por parte del Presidente. La población considera entre buena y regular la actuación del Presidente en un 55%, que coincide con lo obtenido en la segunda vuelta electoral. Este apoyo puede consolidarse si la economía sigue un camino de estabilización con retorno del crecimiento o, por el contrario, puede perder seguidores si el ajuste recesivo desgasta la popularidad.

La actividad está muy resentida, el PIB cae 3,7% trimestre contra mismo trimestre del año anterior. Hay sectores con mucho descenso como el de la construcción. En cuanto a la cosecha, que es clave, los precios han caído levemente y el volumen esperado es algo menor. Las importaciones están frenadas, en parte, se viene resolviendo el tema de la deuda comercial a través del Bopreal.

En el plano de la inflación, es exagerado pensar que íbamos a una hiperinflación, que supone 50% mensual de aumento; en todo caso estábamos en altísima inflación. Con el ajuste fiscal se encamina el tema. Marzo dará más elevado por motivos estacionales. Es muy difícil cubrirse de la inflación. Se acude al dólar MEP; los plazos fijos han bajado la tasa de interés y ya no protegen. Algunos especulan mediante las billeteras virtuales.

En el plano monetario, la base monetaria sigue muy contenida, en los niveles de diciembre. El Central está recibiendo dólares y en unas ruedas más, podríamos llegar a las reservas netas positivas. Se especula que podría abandonarse el cepo hacia mediados de año.

Sigue el esfuerzo por reducir el gasto público. Los niveles de superávit mencionados son cuestionables porque se asientan en reducción de ingresos reales de jubilados y del sector público. La licuación de estos sigue en la línea del ajuste fiscal de Massa. Los ingresos de los jubilados cayeron 35% en la administración de Alberto Fernández y lo siguen haciendo. Los gastos de la política asociados a la denominada casta no son relevantes; se estiman en 0,4% del presupuesto y 0,16% del PIB. Es una cifra simbólica. El tema de los fondos fiduciarios sí es relevante; es una caja de 2% del PIB que habrá que volver eficiente. La recaudación tributaria cayó en febrero casi 20% en términos reales. Esto está estrechamente vinculado a la caída de la actividad. Retornaría el impuesto a las Ganancias, que nunca se debería haber quitado y es un impuesto clave en el mundo desarrollado.

Falta aún la pata productiva de este modelo recostado en el ajuste fiscal, el deterioro de la competitividad es muy marcado. Estamos 63 sobre 64 países en el ranking de competitividad del IMD, análogo al del WEF. En esta vuelta al crecimiento, se juega el éxito de la gestión promercado.

Las tensiones sociales crecientes; el 17 de marzo hubo 500 piquetes a lo largo del país. En simultáneo, la clase media está muy exigida. Sigue la agenda estructural de reformas planteada en el DNU y, en parte, en la Ley Ómnibus. Se espera un programa exigente con el Fondo Monetario. Queda por verse la gobernabilidad de la gestión ante la minoría en ambas cámaras. Es un desafío buscar mayores consensos para impulsar cambios tan profundos en la estructura socioeconómica del país como propone el gobierno.

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