13/01/2024 Revista Fortuna - Nota - Información General - Pag. 18
El análisis de la evolución económica de Argentina desde la reinstauración de la democracia hasta la actualidad, es decir, el período comprendido entre 1983 y 2023, indica que los vaivenes macroeconómicos y las frustraciones consecuentes de la búsqueda de su resolución son hechos que constituyen un común denominador latente.
En ese período, el desempeño macroeconómico ha sido desfavorable, con marchas y contramarchas en el intento frustrado de abordar un sendero de crecimiento económico de largo plazo.
En efecto, en los cuarenta años del retorno de la democracia se evidencia una serie de vaivenes que determinaron episodios de crisis profundas y de hiperinflaciones. Se experimentaron grandes frustraciones en virtud de la recurrencia de comportamientos sesgados en el corto plazo y consideraciones erróneas sobre la permanencia de situaciones que eran temporales y extraordinarias, derivado esencialmente de los tipos de políticas económicas implementadas por las diversas gestiones de gobierno.
Entretanto, los programas económicos que parecían resolver las dificultades previas no lograron consistencia y sustentabilidad, y se transformaron en un impulso a las dificultades y el deterioro.
La insistencia de gestiones monetarias y fiscales no adecuadas se constituyó en evidencia clara de estos aspectos, que, en muchos casos, determinaron posiciones de fragilidad interna, predominantemente en el sector público, y, en muchas ocasiones y en simultáneo, en desequilibrios de las cuentas externas que se materializaban en la escasez de divisas, comúnmente denominado restricción externa.
Así, fueron frecuentes los episodios de volatilidad y crisis macroeconómicas en el espacio temporal analizado. Desde esa problemática, se conformaron senderos divergentes con la estabilidad y crecimiento de largo plazo.
PANDEMIA Y DESCOORDINACIÓN POLÍTICA. La asunción de Alberto Fernández como presidente, junto con Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, planteó interrogantes acerca de la perspectiva de la gestión.
El ministro de Economía designado, Martín Guzmán, planteó metas de estabilización para tranquilizar la macroeconomía frente al desafío de negociar la deuda externa. El objetivo era coordinar la política monetaria y fiscal, pero sin el ajuste de 2019.
Las restricciones cambiarias, los controles y los acuerdos de precios se intensificaron y se sostuvieron durante toda la gestión como la estrategia principal para contener la inflación.
La irrupción de la pandemia de COVID-19 a solo dos meses de iniciado el gobierno expuso los desequilibrios macroeconómicos y los escasos recursos disponibles ante la necesidad de una política económica expansiva.
Una nueva crisis de oferta a nivel mundial se presentaba como un desafío no esperado para una economía sin recursos, poco espacio fiscal y una gestión política no acostumbrada a manejar una severa restricción de presupuesto. En marzo de 2020 se decidió un esquema de cuarentena generalizada, con la excepción de actividades consideradas esenciales, y la modalidad de trabajo remoto en algunos sectores, esencialmente servicios.
Vaivenes profundos irrumpieron en crisis seguidas de políticas de estabilización
La política fiscal y monetaria inició una fase de expansión sostenida durante todo ese año. El gasto público se expandió fuertemente a través de transferencias directas y menor presión impositiva al sector privado, lo que deterioró fuertemente las cuentas públicas. Los ingresos de emergencia (IFE), la disminución efectiva de los impuestos al trabajo y los subsidios para los pagos de las remuneraciones fueron las principales medidas de sostenimiento del ingreso para evitar una mayor contracción de la demanda agregada.
El ritmo de caída de la economía en 2020 fue comparable al período 2001-2002. El PIB se contrajo un 10%, conllevando el tercer año consecutivo de caída. Las variables fundamentales evidenciaron una caída análoga: la inversión y el consumo se retrajeron en el mismo orden, 13,7% y 13%, respectivamente, mientras que el gasto público cayó en un menor nivel, 2%.
El ingreso per cápita también se retrajo por tercer año consecutivo —se situó en U$S 8.572, un 41% menor al año 2017—, previo al inicio de la crisis. La caída de la actividad tuvo efectos en el mercado de empleo, registrando un 11% de desempleo (11,4 millones de personas) en el último trimestre del año y un 15,1% de subocupados.
La disminución de los ingresos laborales, a pesar de los subsidios del Estado, afectó aún más la pobreza y la indigencia, convergiendo con la crisis de 2001-2002, puesto que la pobreza se sitúo en el 41,5% de la población; y la indigencia, en el 10,5%. Pese al nivel de caída, la dinámica inflacionaria anual fue relativamente alta, 36%, en virtud de la inercia conformada en los períodos previos y en una expansión monetaria abrupta.
En 2021, la gestión económica ensayó un programa de estabilización desde lo fiscal y lo monetario.
El primer semestre se intentó establecer un corredor de ajuste del gasto y menor emisión monetaria con incentivos al sector privado. El ministro planteaba la necesidad lógica de tranquilizar la macroeconomía, pues el nivel de gasto no podía seguir financiándose con emisión monetaria ni tampoco con el acceso al mercado de deuda. La coalición política planteó divergencia, principalmente desde el lado de la vicepresidenta, generando fuertes tensiones con esa perspectiva de gestión y acusando desconocimiento del círculo vicioso emisión-gastoinflación.
A esto se le agregaron los efectos en los precios internacionales —energía y materia prima agrícola— tras la invasión de Rusia a Ucrania. Las intenciones de la gestión económica no avanzaron.
El gasto público continuó financiado por el Banco Central en un contexto que, con independencia de la recuperación de 2021, aún se sitúa en estanflación.
La inflación acumuló en el período enero 2020-enero 2023 un 321%. La ausencia de un programa de estabilización sigue siendo una particularidad frente a los desequilibrios macroeconómicos y la necesidad de correcciones de precios relativos que se intensifican con el transcurso del tiempo. En ese contexto, la incertidumbre se acelera, lo cual se observa en los precios de la economía. 2022 cerró con una inflación anual del 95%, el mayor registro desde la hiperinflación de 1990, mientras que la brecha cambiaria se estableció en torno al 80%, aunque con una marcada variabilidad debido a las cotizaciones históricas en el mercado informal, que registró un promedio mensual histórico de 355,7 pesos por dólar en enero de 2023.
DIFICULTADES AUTOGENERADAS. Es casi recurrente pensar en las reflexiones del economista Simon Kuznets (1901-1985) cuando aludía a que tanto Japón como Argentina eran casos atípicos, dado que el primero, con pocos recursos, logró crecer y desarrollarse; mientras que Argentina, con disponibilidad de recursos, no pudo hacerlo. Contrariamente, los episodios de volatilidad macroeconómica fueron frecuentes y por encima de la media respecto a los países emergentes.
En ese sentido, desde una perspectiva acotada a la evidencia del período de cuarenta años de democracia, se evidencian aspectos de cierta recurrencia, aunque no exclusivos a este período, que pueden ser útiles a los fines de interrumpir la dinámica de retroceso económico de 1983-2023.
El primero es el sesgo cortoplacista generado principalmente desde la política económica. La política fiscal priorizó, directa o indirectamente, impulsar el crecimiento del PIB a través del aumento del consumo público y privado mediante programas explícitamente anunciados y, a su vez, ante la incertidumbre y el nivel de discrecionalidad en varios años del período 1983-2023.
En efecto, el nivel de inversión de la economía, dependiente de su rentabilidad futura y del sistema de reglas y nivel de discreción —ambos factores determinantes de los incentivos de inversores—, permaneció por debajo de los máximos niveles históricos: en la década de 1970 fue del 26% del PIB; en la dé- cada de 1980, del 20%; en la de 1990 se situó en el 16,4%; y entre 2000 y 2023, en el 18%.
El ciclo de marchas y contramarchas del crecimiento se explica por la falta de divisas.
Contrariamente a los efectos sobre la reactivación del gasto corriente de la economía, la inversión tiene impacto sobre la frontera productiva y la productividad, aspectos determinantes del crecimiento y del desarrollo económico, cuyos efectos se materializan en el mediano y largo plazo. Adicionalmente y relacionado con el aspecto precedente, las limitaciones de la economía en su objetivo de transformación estructural se evidencian en las restricciones estructurales de la economía, principalmente para acceder de forma sostenida a la liquidez externa.
El ciclo de marchas y contramarchas del crecimiento económico se explica, en gran medida, por las dificultades de la escasez de divisas necesarias para el intercambio comercial.
Esencialmente, el nivel de importaciones se ajusta a la capacidad de exportar de la economía.
En efecto, se podría asumir que la demanda de bienes y servicios transables fue superior a la oferta.
Otro de los aspectos frecuentes se refiere a la divergencia entre las creencias de los niveles de riqueza y dotación de recursos potenciales con los que cuenta la economía respecto a los efectivamente disponibles, lo cual no solo tienen efectos la consistencia y la sostenibilidad de la gestión económica, sino también sobre comportamientos que, derivados de creencias o percepciones erróneas, exponen a la economía a espacios o puntos no consistentes y divergentes de un sendero de crecimiento de largo plazo.
La política fiscal priorizó impulsar el crecimiento del PIB por el aumento del consumo.
En el inicio de la gestión de Alfonsín se revelaba cierto nivel de desconocimiento de la magnitud de los desequilibrios a gestionar y, en efecto, de la política económica. La subestimación de las dificultades se evidenciaba ante la percepción de que, al ser un nuevo gobierno democrático, los mercados iban a suavizar sus demandas. En efecto, el accionar desde esas creencias erróneas generó finalmente un estado de mayor deterioro.
Asimismo, el convencimiento de que con solo el capital político se tomarían decisiones correctas y soluciones rápidas fueron aspectos evidentes al momento de enfrentar el problema inflacionario en una parte de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y, por otro lado, del gobierno de Mauricio Macri; en ambos casos, las consecuencias determinaron una mayor intensidad de las dificultades.
CONCLUSIONES. La economía se caracterizó por vaivenes profundos que, en muchos momentos, irrumpieron en crisis de envergadura seguidos de ensayos de políticas de estabilización; si bien resultaron exitosos en algunos casos, no fueron sostenibles.
El crecimiento económico no se sostuvo por más de cuatro años consecutivos, con excepción del primer mandato de Menem y del gobierno de los Kirchner.
Más allá de los shocks exógenos que afectaron a la macroeconomía, se observan algunos aspectos presentes en otras experiencias de países que han logrado el corredor estable de crecimiento y desarrollo.
Entretanto, la volatilidad macroeconómica fue sustancialmente más pronunciada respecto a economías emergentes en un marco institucional deficiente e imperfecciones en el sistema financiero).
A su vez, determinó que las crisis irrumpieran con mayor frecuencia y escala, incluso en la comparación de los países de la región, en un marco donde la restricción externa y los desequilibrios macroeconómicos emergieron como complejidades intensas y estuvieron presentes en casi todo el período bajo análisis.
Desde ese contexto, podemos notar dos argumentos adicionales.
Uno de ellos es la ausencia de un programa productivo en acuerdo con todos los sectores. Si bien se ensayaron programas de largo plazo con el intento de modernizar la economía del sector público durante la primera mitad de la década de 1990 y de 2000, no hay evidencia concreta sobre medidas que hayan impulsado efectivamente la inversión en capital físico y humano para así generar un ciclo virtuoso de productividad, inversión e inclusión social. Son premisas fundamentales que se evidencian en experiencias auspiciosas, como las de Vietnam o Corea del Sur.
El segundo argumento se refiere a la perspectiva institucional de la política económica, la cual debería contemplar la conformación de acuerdos como un instrumento necesario para la cohesión y la sustentabilidad de la gestión económica.
Esta estuvo sumergida en un complejo de reglas que acotaban su capacidad de acción y, en otros momentos, en un espacio de amplía discrecionalidad que afectó las expectativas de los agentes económicos y generó períodos de importantes desmesuras, las cuales han caracterizado a la economía argentina incluso en períodos previos al analizado y explican el retraso casi constante de nuestro país.
Martin Calveira: Economista, investigador del IAE Business School, Universidad Austral.