Mientras rápidamente nos ponemos de acuerdo en que debemos construir sociedades más justas y equitativas, nos preguntamos cuál es la capacidad real que tiene la inversión social privada para marcar la diferencia. ¿Cuáles son los límites de la filantropía cuando los 46.000 millones de dólares que moviliza anualmente solo representan el 0,2% de la inversión económica global?

Dar respuesta a los crecientes desafíos sociales implica evolucionar hacia un modelo empresarial en donde la inversión social y la gestión del negocio se encuentren integrados. Esa alineación entre las finanzas y el propósito, genera una unidad de sentido, que, además de romper con la esquizofrenia institucional, hace que la búsqueda del bien común sea más que un enunciado.

En un contexto que ofrece diversos marcos de actuación como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los criterios ESG y el movimiento de Empresas B, necesitamos trascender una "sostenibilidad de naturaleza individual". Esto significa que, más allá de los estándares que utilicemos para medir mi impacto, abracemos la noción de "acción colectiva", como el entendimiento de que los problemas estructurales requieren más que la suma de contribuciones individuales.

Es imperativo ir más allá del "individualismo como método", como llama el profesor del IAE, Alberto Willi, al "paradigma del granito de arena". En lugar de que cada uno realice su aporte de manera desalineada, se trata de dar prioridad a los desafíos del territorio, esos desafíos que -al atravesarnos- se vuelven insoslayables: tanto para quienes invierten, gobiernan, gestionan programas sociales o habitan esa comunidad. Dichas prioridades del territorio (en algún caso dadas por la inclusión laboral de jóvenes, la erradicación de un basural o terminar con el abandono escolar), identificadas pluralmente, deben primar por por sobre toda mirada unilateral.

A propósito de la inversión social privada en ese contexto, Darren Walker, presidente de la Fundación Ford, una de las cinco organizaciones filantrópicas más grandes del mundo, postula la necesidad de ir "de la generosidad a la justicia". O dicho en otras palabras, es la promoción de la dignidad humana. Walker refuerza la idea de que son necesarios filántropos que den recursos a pequeños programas sociales, "pero también necesitamos filántropos dispuestos a transformar el sistema y desafiar el statu quo".

La pregunta que surge ahora es: ¿cómo podemos involucrar el corazón mismo de la actividad económica para que sea más contributiva y aporte un valor genuino a la sociedad en su conjunto?

Es aquí precisamente donde los "incentivos de bien público", que venimos impulsando desde el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) y junto al Laboratorio Público-Privado, presentan una alternativa frente al voluntarismo. Estos incentivos, como normativa pública, permiten materializar la alineación de esfuerzos en torno a una causa o misión esencial en el territorio. No contemplan sólo la acción filantrópica de empresas sino también sus preocupaciones e intereses y permiten encontrar la intersección más genuina con la política pública y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.