La transparencia en los negocios y en el manejo del dinero público puede ser, también, una materia de seguridad nacional. Con este ejemplo, John Denton, secretario general de ICC, cuenta que el caso de Ucrania, hoy, es paradigmático. “He trabajado en entornos económicos complejos durante los últimos años. Este año he estado en Kiev dos veces. Las medidas anticorrupción, por ejemplo, en Ucrania, son hoy una materia de seguridad nacional. Si ellos no pueden demostrar que el apoyo financiero que reciben de los Estados Unidos y de otros países se utiliza de una manera íntegra, hay un riesgo importante de que pierdan el acceso a ese dinero. Por lo tanto, hay una motivación vital para ser transparentes”, dice el ejecutivo australiano, en diálogo con LA NACION.

Durante tres días se celebró en Buenos aires la reunión continental de la International Chamber of Commerce llamada ICC Américas. Llegaron lideres de los comités nacionales de la ICC de Estados Unidos, México, Panamá, Guatemala, Canadá, Costa Rica, República Dominicana, Cuba, Ecuador, Perú, Cuba, Colombia, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay. A la que se sumaron la representación de España (que tiene a su cargo la dirección continental de ICC-Europa) y las autoridades mundiales de ICC, con sede mundial en París. La lucha contra la corrupción fue uno de los temas de cabecera.

Marcelo Elizondo, Chairman de ICC Argentina, tiene a su cargo la dirección continental de ICC Américas desde este año y hasta 2025. La reunión continental incluyó discusiones internas, reuniones con expertos, visitas a empresas, información sobre el estado de situación de los programa de ICC, seminarios de interacción y exposición de mejores practicas y casos de éxito.

Indicadores de la Argentina

A la hora de hablar sobre la Argentina, Denton afirma que hay mucho por trabajar en materia de integridad. “ICC ha estado comprometida en la lucha anticorrupción desde hace más de 50 años. He mirado los números sobre la transparencia en la Argentina antes de llegar, y hay oportunidades de mejora. Esto no es responsabilidad únicamente de la comunidad empresaria, sino que debe haber una asociación pública privada: el gobierno trabajando con los empresarios y con la sociedad civil para que haya negocios limpios”.

¿Cómo se pueden mejorar las prácticas y los indicadores? Denton recomienda fuertemente el uso de herramientas digitales y la creación de una plataforma virtual para conocer los gastos del Estado. “Mucha de la corrupción gira en torno a pagos indebidos a oficiales en la Aduana, entre otros organismos. Lo que han hecho los ucranianos es crear una herramienta digital que permite la total transparencia en los contratos que tienen que ver con el Gobierno. En Ucrania, al utilizar esta herramienta, cualquier ciudadano puede ver cómo se gasta el dinero. Esto ha ahorrado mucho, porque el engrosamiento de las cuentas ahora ha disminuido”, afirma Denton.

Asegura que, en definitiva, la corrupción funciona como un impuesto que recae sobre los negocios, sobre las comunidades, que inhibe el crecimiento de la sociedad. Por eso, es también la sociedad civil la que debe controlar los números por su propio bien y prosperidad. “Estamos comprometidos para trabajar con el gobierno argentino, con el nuevo gobierno también, en crear condiciones para que la Argentina se recupere y ascienda en la lista de los países transparentes”, confirma.

Justamente, según Transparencia Internacional, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022 pone de manifiesto que la mayor parte del mundo sigue sin combatir de lleno la corrupción: “el 95 % de los países solo han conseguido avances mínimos o nulos desde 2017″, comunicó la entidad. Con respecto a la Argentina, ocupó el puesto número 94 entre 180 países en 2022.

La unión hace a la fuerza

Un trabajo del IAE llamado “Corrupción en la Aduana, ¿qué hacer?”, brinda algunas recomendaciones, entre ellas, iniciar una acción colectiva entre un grupo de empresas y/o despachantes. “Una acción colectiva da mayor fuerza a las acciones individuales frente a la Aduana, promociona una competencia leal entre los despachantes y posibilita el intercambio de experiencias y mejores prácticas. Además, demuestra el compromiso de las empresas con la integridad a socios, competidores y clientes”.

Desde ICC, Denton advierte que “sin apoyo, se puede terminar en una situación fatal cuando se combate a la corrupción. En Guadalajara, su cámara de comercio tiene una plataforma que posibilita que las empresas se reúnan para luchar contra la corrupción y la narcocorrupción” y ha resultado muy bien, finaliza.

En representación de ICC en Guatemala, Andrea Monzón cuenta que tienen una certificación para empresas llamada Guateintegra Anticorrupción, basada en ISO 37,001, en alianza con BDO. “Hemos impulsado este programa específico para fomentar una cultura de legalidad en todos los ámbitos. Como organización empresarial, nuestro primer público son las empresas y la gente que trabaja en ellas en toda la cadena”, cuanta.

“A veces es un empleado el que paga un soborno para que le agilicen el trámite y entonces nosotros creemos que hay que permear una cultura de la legalidad en todos los niveles de las organizaciones”. Se trata, explica, de poner en marcha una serie de procedimientos para mitigar los riesgos de corrupción.

¿Qué sucede si hay un pedido de soborno por parte de un funcionario público en la Aduana? “Nosotros tenemos mesas interinstitucionales para que, en conjunto se puedan minimizar los riesgos”, responde Monzón.

El IAE advierte, por otro lado, que “como las solicitudes de soborno muchas veces se basan en errores pequeños y/o formales en la documentación, empresas y despachantes deben procurar que no ocurran, mejorando los procesos de elaboración de la documentación y perfeccionando sus controles”. Justamente, ésta es una de las quejas muchos de los importadores argentinos. Una maraña de disposiciones que dificultan la transparencia.

Ante la pregunta sobre la relación desigual entre quien debe hacer un trámite y el funcionario que debe decidir si puede o no seguir adelante, asegura que tienen alianzas con distintas organizaciones. “Por ejemplo, para denuncias, trabajamos con Crime stoppers, que es una organización internacional en donde la denuncia es anónima y se sigue un proceso transparente para que llegue a quienes deciden qué se debe hacer”. Agrega que “las normas internacionales exigen que hay que proteger a la persona que denuncia”.

El representante de Estados Unidos, José Arroyo, dice, por su parte, que “En Latinoamérica, el Poder Judicial tiene que velar por una entera independencia y las sociedades deben asegurarse de que esto suceda. En el momento en que esto falla, los procesos que implican que las personas sean responsables de sus acciones se ven comprometidos. En Estados Unidos todavía tenemos confianza en el sistema, que es sólido. Hay reglas claras anticorrupción. La idea es transferir nuestra experiencia a América latina para que la performance de las empresas sea mejor.

Malas prácticas

El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, “para crear conciencia contra esta lacra”. La Asamblea también designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.

Existe un Compendio ICC de integridad empresarial, que reúne guías y normas de prevención de la corrupción y de responsabilidad corporativa. Este trabajo, de 2017, será próximamente actualizado y relanzado en el Día Anticorrupción, que en la Argentina suele pasar desapercibido.

Algunas acciones que posibilitan la corrupción, según el trabajo de ICC, entre muchas otras, son:

• Blanqueo del producto del soborno, la extorsión o la instigación al delito o el tráfico de influencias.
• Los conflictos de interés, que son una forma específica de corrupción en la que un particular se otorga un beneficio indebido al ejercer su poder de decisión en beneficio propio (o en el de la persona cercana a él). Los conflictos de interés más habituales son contratar a familiares o favorecerlos como proveedores de bienes o servicios.
• Corrupción del sector privado, como toda forma de corrupción o soborno en que el propósito de la acción es incitar a un particular, como un administrador, directivo o empleado de una empresa del sector privado, a que incumpla sus obligaciones.
• Corrupción del sector público o corrupción pública. El propósito del soborno es obtener un beneficio indebido de un acto u omisión de un funcionario público en relación con sus obligaciones públicas.
• Los pagos de facilitación, que son pagos de poco valor, no oficiales e impropios que se hacen a un funcionario de bajo nivel para asegurar o agilizar la realización de una acción de rutina. Es una forma generalizada de soborno, a pesar de ser ilegal en casi todos los países.

“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio rango de efectos corrosivos en las sociedades. Socava la democracia y el mandato de la ley, lleva a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, erosiona la calidad de vida y permite florecer el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas para la seguridad humana. La corrupción perjudica desproporcionadamente a los pobres al desviar fondos destinados al desarrollo, debilitando la capacidad del gobierno para proporcionar servicios básicos y desalentar la ayuda exterior y la inversión”, dijo Kofi Anan en 2004, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Punto.