Nuestro país está siendo testigo de una crisis política que indefectiblemente afecta a la economía. Ciertamente, el oficialismo parecería no acusar el grado de dificultades que padece la sociedad y que son causas de su propia gestión as pesar de la pandemia. Los resultados están a la vista y al padecimiento de todos: La inflación anual con un piso en 100%, la brecha cambiaria cercana al 100%, la actividad económica se desacelera abandonando las luces de la recuperación pos pandemia, el sector externo se retrae, el déficit fiscal primario difícilmente se pueda llevar a un nivel convergente con un inicio de estabilización y la pobreza en 39,2%, equivalente a casi 11,5 millones de personas.
Sin dudas, la irracionalidad de la política, principalmente del gobierno, se evidencia en la negación de gestionar un programa integral de estabilización que minimice los daños sociales, solo por el hecho de evitar reformas de mercado. En esa situación se circunscribe la decisión del Presidente Alberto Fernández sobre no intentar una reelección, a pesar de haber insistido en presentarse. Un panorama de enorme confusión.
Es peligroso al nivel de caos al cual se ha llevado al mercado cambiario y la inflación. Esto se argumenta desde la ilusión de pensar en la inexistencia de las restricciones de presupuesto y la intransigencia del financiamiento monetario del déficit. El panorama se presenta desafiante y se intensifica tanto mayor sea el nivel de incertidumbre. Claramente para comenzar un proceso de estabilización y posterior desinflación, la condición necesaria es que los hacedores y el poder político tengan objetivos comunes, lo cual parece desconocer el Frente de Todos. Contrariamente, la lucha de poder domina cualquier otro aspecto de la actualidad argentina notando que, una vez más, los objetivos individuales de los políticos están por encima de los de la sociedad.
El panorama se presenta desafiante y se intensifica tanto mayor sea el nivel de incertidumbre
En esta pintura, compleja por donde se la observe, el gobierno deberá sostenerse en el medio de las potenciales disrupciones. Los agentes ya descontaron que los cambios y el programa económico vendrán con el nuevo gobierno.
En este punto emergen esencialmente dos alternativas de programas económicos con similitudes y algunas diferencias sustanciales. Uno de ellos es la propuesta de dolarizar la economía, es decir, nominar los pasivos y activos financieros en términos de dólares teniendo la posibilidad de que la moneda nacional siga operando por un período de tiempo. En los hechos, un cambio de moneda. Arreglo que luce complejo para la sociedad pero que tiene ventajas y algunas resistencias. La ventaja es el espacio de estabilidad que se generaría casi simultáneamente, mientras que el desafío común a otras alternativas es la necesidad de eficientizar el comportamiento del público en la economía. A su vez, se deberán corregir el desfasaje de precios relativos y posicionarse dentro de las fronteras de las restricciones de presupuestos. Los matices devienen de los efectos potenciales de las diferencias del nivel de productividad de la economía nacional respecto a la economía estadounidense y la capacidad de administrar shocks.
La otra alternativa se presenta como un ajuste, sinceramiento de precios y orden económico. Una posición más tradicional donde el programa parecería establecerse en una reforma radical del sector monetario y fiscal que, potencialmente, impulse inversiones, ordene las variables económicas y suelte amarras del denominado populismo económico. Alternativa que necesitara incluso de una mayor dosis de credibilidad, cohesión y resultados de corto plazo, pues venimos ensayando programas similares en distintos momentos de la historia, ninguno tuvo efectos de largo plazo.
*Economista investigador, IAE Business School, Universidad Austral.