La reciente sanción de la extensión de la moratoria previsional por la cual ya se jubilaron más de 4 millones de personas en las últimas dos décadas volvió a poner sobre el escenario la radiografía de un sistema que padece males endémicos. El primero es la dificultad para financiar un régimen cada vez más oneroso: según una estimación de IDESA, el 80% del déficit primario nacional (1,6% del PBI) se utilizó en 2022 para sostener el rojo previsional. Además, la inmovilidad frente a cambios demográficos y nuevas formas de empleo, falta de alicientes para la formalización y superposición de sistemas y beneficiarios, son algunos de los puntos que claman por modificaciones. Pero también que se logró una cobertura universal sin excluir a ningún adulto mayor.

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Ese diagnóstico, compartido por todos los expertos, se agrava por tratarse de una cuestión cuyo funcionamiento se termina verificando, en sus problemas y en sus beneficios, muchos años más tarde. “El sistema previsional argentino tiene virtudes y problemas importantes. La virtud es que llegó a tener una cobertura muy amplia, pero el problema es que eso fue realizando mediante parches sucesivos, de corto plazo y sin la atención debida a lo fiscal y aspectos de equidad, a través de medidas que duran sólo un par de años” explica el especialista Rafael Rofman.

La última, por ejemplo, fue la quinta moratoria en las últimas dos décadas, por la cual las personas que no tienen la cantidad de aportes suficientes (30 años como mínimo) pueden “comprar” lo faltante a plazos para acceder al beneficio jubilatorio. Según el oficialismo, accederían 800.000 personas, pero Rofman lo pone en duda porque señala que al ser una prolongación de lo vigente hasta diciembre, deberían proyectarse los 100.000 nuevos pasivos anuales. “Esto es sólo por dos años y luego ‘vamos viendo’. Es algo caótico, caro, ineficiente e inequitativo, porque se trata igual al que aportó 29 años o uno”, explica.

La explicación para atender la emergencia previsional es que sólo el 30% de los varones y 10% de las mujeres que llegaban a la edad mínima para jubilarse tenían los aportes completos. En el caso de las mujeres, la brecha se explicaría por las tareas de cuidado y empleos informales al que acceden en la época de crianza de sus hijos y que no generan los aportes necesarios.

Amenazas

Dos cuestiones exógenas son las que jaquean al sistema jubilatorio. La primera es la tendencia demográfica mundial y que en la Argentina empezó más tarde pero pegó con fuerza: la simultánea caída de la natalidad y la mayor esperanza de vida al nacer, que generó una mayor duración del status de retirado (“esperanza de vida a la edad de retiro”, según la denominación técnica). En nuestro país, esa magnitud se extendió a casi 24 años para las mujeres y 17 años para los varones, pero seguiría creciendo para estabilizarse hasta alcanzar 30 y 24 dentro de medio siglo.

En envejecimiento de la población es un dato a considerar, pero no es un proceso infinito: tiene un techo en el que se terminarían unificando los guarismos de cada país. Japón, por ejemplo, que tuvo en 2022 el 30% de su población mayor a 65 años, subirá a 37,5% para 2050 mientras que Italia (24% actual) llegará al 37% para esa fecha. Según un estudio de la Universidad Nacional de La Plata, la tasa de reposición que marca la proporción de mayores de 65 años sobre los que están entre 18 y esa edad (clave para la sustentabilidad del sistema) fue bajando en Argentina de 5,8 en 1990 a 4,9 en 2020 con estimación de seguir descendiendo a 3,3 para 2050. Nuestro vecino Brasil, pasó en estos años de 11,9 a 6,5 y bajará aún más dentro de 25 años: 2,2.

Efecto macro

Por esto, parece inevitable que la edad de jubilación actual (60 para las mujeres y 65 para los hombres en el sistema nacional) tienda a aumentar y a unificarse en el mediano plazo. El primer paso fue el reconocimiento de un año de aportes por cada hijo para las mujeres, que contemplaría la salida temporaria del mercado laboral de las madres. Para Lucas Pussetto, profesor de Economía en el IAE Business School, si no aumenta el trabajo formal (básicamente privado) estamos frente un problema central. “Y eso se logra con crecimiento económico (en el corto plazo) y con políticas económicas que implementen incentivos para redirigir el trabajo y el capital hacia los sectores más productivos y modernos”, ejemplifica.

Por eso, aunque parezcan universos remotos, se vincula la adecuación del mundo del trabajo (la oferta laboral) a las nuevas y dinámicas necesidades de la demanda laboral. A su juicio, ampliar la base contribuyente (intentar blanquear toda la economía, a fin de cuentas) es clave para financiar el gasto público y además permitiría reducirlo en términos del PBI. Pero, sostiene que es difícil ejecutarlo con la presión impositiva argentina actual y sin otros incentivos de largo plazo para financiar esta transición, que en Argentina sólo se podría si hay voluntad y consenso político. “Con estas tendencias demográficas, el financiamiento de la cuestión previsional se volverá cada vez más oneroso y difícil de gestionar -aún tenemos margen para aumentar la expectativa de vida en unos 5 años más- pero la fórmula debería pasar por el blanqueo de la economía mediante incentivos y no por moratorias, para ir cerrando el drenaje de fondos de a poco pero sostenidamente”, concluye.

Desiguales

El otro rasgo característico es el de la pluralidad de regímenes previsionales. Hay 13 provincias, por ejemplo, que no transfirieron sus sistema jubilatorios al ANSES y justamente allí es donde está el plantel mayoritario de empleados públicos. “Cada cual tiene su propio sistema para su propio régimen, unas están en rojo y otras no porque imponen más contribuciones de empleados y empleador (la provincia en cuestión), con prestaciones más generosas que el régimen nacional, pero con impacto sobre el Tesoro de la jurisdicción”, matiza Rofman.

En definitiva, es otra brecha para financiar y si se considera que casi el 80% de los ingresos tributarios propios vienen de los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos (los más dañinos económicamente hablando), se produce un círculo vicioso plagado de distorsiones. “Deberían converger hacia el régimen general, como el resto de los sistemas de excepción. El caso a caso es muy complicado, pero es el camino marcado para el futuro, sin tocar derechos adquiridos presentes”, sintetiza. En una economía infectada de cortoplacismo, pensar en un futuro suena utópico. Pero todo llega y los amenazas de hoy serán las urgencias de mañana.