El ministro de Economía, Sergio Massa, y el viceministro, Sergio Rubinstein, ya trabajan en el viaje a Estados Unidos previsto para septiembre, cuando tengan que convencer a inversores privados y a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) de que van a poder terminar este año con un déficit fiscal primario equivalente al 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI). Tal como se vienen comportando las cuentas, en el bimestre agosto-septiembre el equipo económico tiene un margen de $265.472 millones para sumar al rojo acumulado del año, y así mantenerse dentro de las metas del Acuerdo de Facilidades Extendidas. Si lo logra, entre octubre y diciembre le quedará otro margen de $674.000 millones.

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, hasta julio el déficit acumulado fue de $876.629 millones, mientras que el objetivo para el tercer trimestre es de $1,14 billones. Al respecto, en un informe, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que “considerando la metodología del acuerdo con el FMI, el déficit a julio representa el 77% de lo permitido hasta septiembre”. El centro que dirige el economista Hernán Letcher sostiene que la meta trimestral “luce cumplible” a la luz del comportamiento histórico de la recaudación y los gastos, pero plantea dudas sobre el último trimestre.

Con vistas al cierre del 2022, el CEPA dice que si las cuentas del Sector Público Nacional se comportaran hasta diciembre con la misma estacionalidad que tuvo en los últimos cinco años, el Gobierno debería hacer una corrección adicional de $343.564 millones para llegar a la meta de diciembre de $1,88 billones, ya sea, subiendo ingresos, disminuyendo gastos o ambos a la vez. En cambio, si se llegara a mover como en 2021 (en el año electoral) tendría que lograr una mejora fiscal adicional de $674.517 millones. El estudio considera que el primer escenario es el más probable a la luz del ajuste que se publicó el lunes en el Boletín Oficial que significó un recorte de $200.000 millones en diferentes programas que venía ejecutando el Gobierno.

Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, consideró que el equipo económico “tiene que ajustar más porque con lo que está anunciado no alcanza”. Cree que el Gobierno tiene que llevar a cabo hasta fin de año un recorte del déficit equivalente a 1 punto del PBI, y con lo anunciado esta semana se llega a 0,4 puntos, de modo que quedarían 0,6 puntos por delante. “Lo que se hizo hasta ahora fue lo que anunció Silvina Batakis, de pararse sobre el gasto, pero en los términos del acuerdo con el Fondo, no tienen mucho margen para incrementar la deuda flotante”, explicó.

Por su lado, Martín Calveira, economista del IAE, la escuela de negocios de la Universidad Austral, planteó de igual modo que el Gobierno tiene por delante todavía mucha tela para cortar en las cuentas públicas, aunque con muchas limitaciones de tipo políticas y algunas de tipo técnico. “Hay que hacer una sintonía fina”, explicó el analista. Consideró que “no se puede hacer recortes en la inversión pública”. El pofesional estimó que el ajuste que se debería hacer “no es posible en el corto plazo”. Cree que lo que debería hacer este y el próximo Gobierno es reducir las partidas de subsidios. “Para ello hay que transformar los planes sociales en empleo”, explicó. Para el profesional “las metas con el FMI están complicadas” en tanto que los recortes anunciados por Massa hasta el momento “son maquillaje”. Por caso, señaló que la reducción de subsidios a la energía tiene también serios limitantes porque es inflacionaria en el actual contexto con un IPC viajando al 90% anual.

La consultora Ecolatina, estima que el recorte que se conoció el lunes mediante una modificación del Presupuesto equivale a sólo el 0,15% del PBI. Sostiene que como el presupuesto de este año se modificó con una inflación del 76% en base a lo estimado por el mercado y la misma ya está en 90% anual, lo esperable era que se subiera el gasto nominal para mantenerlo en términos reales. “Contrariamente, las autoridades decidieron hacer por primera vez un recorte en términos nominales, lo que implica claramente un ajuste del gasto en términos reales para lo que resta del año”, señala el informe privado.