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El dilema colombiano: sociedad civil o estado de naturaleza

El Premio Nobel de la Paz que se le otorgó al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, es el segundo que se le asigna a un negociador latinoamericano por sus esfuerzos por dar fin a una guerra.
Publicado miércoles 26 de octubre de 2016

El primero fue el que recibió Carlos Saavedra Lamas, en 1936, por su mediación en las negociaciones de paz mediante las que se finalizó la Guerra del Chaco, entre Bolivia y Paraguay. La diferencia sustantiva entre ambos casos es que el argentino fue un diplomático extranjero, de un país vecino de los dos beligerantes, que medió de manera imparcial y neutral; Santos, en cambio, representó a una de las partes involucradas en la negociación.

Al decidir premiar al Presidente Santos, el Comité Nobel innovó en un aspecto con cierta tradición; desde 1973, cada vez que seleccionaron como merecedores de su distinción a los conductores de la negociación que demanda la pacificación ulterior a largos conflictos armados, incluyeron a los de ambas partes: Henry A. Kissinger y Le Duc Tho, por la guerra en Viet Nam (1973); Mohamed Anwar al-Sadat y Menachem Begin, por la guerra entre Egipto e Israel (1978); y finalmente, en 1998, John Hume y David Trimble por el conflicto en Irlanda del Norte. En el caso colombiano, Timochenko (Rodrigo Londoño Echeverri), líder del grupo narco-terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia—Ejército del Pueblo, FARC, quedó excluido.[1]

En las oportunidades que mencionamos como antecedentes el Comité explicó, al anunciar quiénes serían los galardonados, el porqué del reconocimiento dual; en esta ocasión, en cambio, sólo rescató los esfuerzos del único recipiente. Lo que el Comité Nobel sí destacó de manera enfática en su anuncio de premiación fue que el resultado del plebiscito que se desarrolló en Colombia, 96 horas antes, y en la que la ciudadanía rechazó el Acuerdo Final de Paz firmado entre el gobierno nacional y las FARC-EP, no impedirá que el proceso pacificador continúe avanzando; es una afirmación que no está exenta de incertidumbres.

Timochenko, en tanto, sólo pudo emitir un comunicado, a título personal, en el que felicitó a Santos y a los colombianos; lo que no quedó claro es cómo se debe interpretar, y a quiénes incluye, cuando manifiestó que «... este premio constituye un homenaje a la lucha de cada una de las víctimas de este cruento conflicto de más de medio siglo.»

En el proceso participaron como facilitadores, en distintos momentos y con variada intensidad, el gobierno de Cuba, el Reino de Noruega, y el gobierno de los EE.UU.; Bernard Aronson, enviado especial del Presidente Obama, viajó, en 4 años, más de veinte veces a Cuba para apoyar el avance de las negociaciones. También las Naciones Unidas y el gobierno de Venezuela intervinieron para facilitar el progreso de las negociaciones. En el territorio colombiano las interacciones se restringieron a los representantes del gobierno y los de las FARC-EP.

Esa asimetría llevó a que la comunidad internacional apoyara con más entusiasmo que los propios colombianos tanto al proceso de negociación -tal como se lo desarrolló- y el Acuerdo Final de Paz que se pactó. Las diferencias entre una actitud y otra podrían explicar, al menos de manera parcial, las razones que condujeron a la polarización que el resultado del plebiscito mostró de manera nítida.

En su oportunidad, las FARC-EP intentaron evitar que el Presidente Santos, única autoridad con capacidad legal para convocarlo, instrumentara la realización del plebiscito; su voluntad era la de que se realizara una consulta popular.[2] ¿En qué difieren? La consulta popular demanda la participación de por lo menos la tercera parte del censo electoral colombiano -cerca de 13 millones de votos-; el plebiscito requiere que participen, al menos, el 13% del censo electoral del país; es decir, cerca de 4,5 millones de votantes.[3] La diferencia entre uno u otro instrumento, más allá de lo estrictamente numérico, no resulta irrelevante; el constitucionalista colombiano Rodrigo Uprimny, lo explicó al público en reiteradas oportunidades: "...a nivel jurídico, la decisión popular del plebiscito sólo vincula al presidente de turno, pues recae sobre su política. En cambio, la decisión ciudadana en la consulta popular vincula en forma permanente no sólo al presidente, sino a todas las autoridades, pues es una pregunta general".[4]

Una negociación en la que se definen los términos de una paz que aspira a ser perdurable -después de medio siglo de guerra interna- debe reunir algunos requisitos que parecen haber sido soslayados; los colombianos, por una diferencia de menos de 60.000 votos, sobre un total de casi 13.000.000 de votantes, han dicho NO ¿Por qué?

 

Factores que influyeron para que prevaleciera el NO en el Plebiscito colombiano:

1. El factor clave en toda negociación es el delineado de escenarios que hagan posible que todas las partes se beneficien con ella; una vez que la interacción positiva genera un valor mayor al preexistente ese incremento se debe repartir entre los involucrados de una manera recíprocamente satisfactoria.

La percepción que manifiestan quienes rechazaron el Acuerdo Final de Paz que Santos elaboró con las FARC-EP es que no se distribuye de manera equilibrada la contribución, y la retribución, de cada parte al sostenimiento de la Paz. Los gobiernos de Colombia, el actual y los venideros, harán un esfuerzo económico e institucional mucho mayor al que se comprometen los miembros de las FARC-EP. Los ex combatientes terroristas no sólo recibirán una asignación mensual durante al menos 2 años sino que podrán pedir créditos especiales para emprendimientos productivos-comerciales; sus anteriores actividades delictivas será atendidas en una nuevo fuero judicial especial que recibirá sus declaraciones y no emitirá condenas y, adicionalmente, contarán con un Cuerpo de Élite, armado, para su protección; la custodia de los ex-terroristas y de sus familiares estará en manos de personas a las que ellos consideren aptas e idóneas. Además de todo lo anterior, el Acuerdo Final de Paz les asegura a los miembros de las FARC-EP cinco bancas en el Senado y cinco en Diputados; a ésas se les agregan otras 16 bancas que corresponden a las circunscripciones rurales que aún están bajo su control.

A pesar de haber participado en el comercio internacional de sustancias prohibidas, los conductores de las FARC-EP sostienen que no cuentan con recursos económicos para aportar al fondo de reparación destinado a las víctimas. Los opositores al Acuerdo han manifestado reiteradamente que sospechan que ese aserto no se ajusta a la verdad. Los especialistas en el tema calcularon que los ingresos anuales de las FARC-EP por el tráfico ilegal de drogas ascendía a una suma que oscilaba entre los USD 500 y 600 millones; esos cálculos estimaron que del total de drogas exportadas desde Colombia hacia los EE.UU. casi el 60% tenía relación directa con las FARC-EP. En su momento, y a lo largo de 16 años, fueron esos mismos datos los que justificaron los casi USD 10.000 millones que el Gobierno de los EE.UU. le transfirió al de Colombia para sostener la guerra anti-drogas (que es casi lo mismo que decir guerra anti FARC-EP).

 

2. Las partes -el Gobierno colombiano y la cúpula de las FARC-EP-, actuaron como si la situación sólo pudiera –y debiera- ser resuelta por ellos, entre ellos, de manera exclusiva. En el ámbito de su propio territorio, Santos y las FARC-EP renunciaron a iniciar un proceso de diálogo en el que simultáneamente intervinieran todas las partes involucradas. Por eso, quedó segregada de las tratativas el tratamiento de la situación de los más de 400 secuestrados que los familiares de las víctimas sostienen que permanecen en poder de las FARC-EP. Debe recordarse que en el paroxismo delictivo del grupo narco-terrorista, sus miembros llegaron a concretar 3.000 secuestros en sólo un año; un caso mundialmente conocido fue el de Ingrid Betancourt, quien fuera candidata a la presidencia de Colombia en 2001, que permaneció secuestrada por las FARC-EP, durante más de 6 años (entre 2002 y 2008); tuvo que ser liberada por un grupo comando en la denominada Operación Jaque. Juan Manuel Santos era el Ministro de Defensa en el gabinete del actual líder del NO -el entonces Presidente de la República-, Álvaro Uribe Vélez.

El Acuerdo Final de Paz firmado deja para más adelante la convocatoria de Pacto Político Nacional en el que para su elaboración puedan participar todas las partes involucradas interesadas. Esa postergación clausuró la posibilidad de que todos los afectados -en especial los familiares de las víctimas- tuvieran oportunidad de participar de manera activa exponiendo sus puntos de vista e intereses ante los conductores y participantes del proceso. Esa exclusión ignoró el hecho, corroborado por la experiencia, de que todo grupo social afectado por un conflicto quiere y necesita ser escuchado; si los gobiernos no proveen los medios para que lo hagan algunos individuos buscarán, y seguramente encontrarán, canales sustitutos para expresar su insatisfacción. El plebiscito, en el que el NO se impuso, es una señal inequívoca de que lo anterior no es una mera especulación; las encuestas previas no detectaron -como pasó con el BREXIT- el sentir profundo del ánimo social en cuestiones realmente cruciales; por eso, erraron en sus vaticinios. No debe derivarse de lo anterior que los que rechazaron el Acuerdo Final no quieren la Paz; en todo caso, no quieren la Paz que les están ofreciendo; como no se les permitió tener voz, la mayoría optó por un voto: NO.

 

3. Los sentimientos y las emociones están presentes en todos los conflictos; cuando la violencia se extiende a lo largo de 5 décadas, genera más de 200.000 muertos -80% de los cuales fueron civiles- y expulsa de sus lugares de residencia -en búsqueda de cierta seguridad- a casi 6.000.000 de personas, los enconos y los agravios mutuos influirán sobre el proceso de pacificación de manera negativa. El Acuerdo Final de Paz que firmaron Santos y las FARC-EP deja para un futuro el establecimiento de un proceso de interacción entre los afectados por la violencia y quienes la sostuvieron hasta hace muy poco tiempo. Quienes optaron por el NO sostienen, en apoyo a su tesitura, que a lo largo de los 4 años que insumieron las negociaciones los miembros de las FARC-EP no han manifestado la más mínima contrición; esa actitud, dicen, es inaceptable.

 

4. El Plebiscito sobre-simplificó la complejidad del Acuerdo Final de Paz. A la hora de votar resultó crucial para el triunfo del NO que se le demandara a la ciudadanía una respuesta binaria -SÍ / NO- al contenido y alcances potenciales de un documento -de 297 folios- que bajo un título auspicioso parece, más que cualquier otra cosa, un Plan de Gobierno a ser desarrollado de manera conjunta por Santos y las FARC-EP.[5] Los que sostuvieron el NO han sido enfáticos en oponerse a lo que entienden constituye un privilegio excepcional; consideran que el hecho de que se le otorgue a las FARC-EP una ingerencia decisiva en la elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas nacionales y locales vulnera de manera grosera las reglas del sistema democrático colombiano porque se trata de un grupo que, hasta la fecha, rehuyó tener presencia electoral y que, además, sostuvo por décadas un ataque enconado y brutal contra la república y sus gobernantes.

 

La PAZ sigue siendo deseada por los colombianos; para lograrla tendrán que revisar todo lo que se acordó y es posible que varias de las partes componentes del Acuerdo Final de Paz deban ser ajustadas o modificadas. La guerra permanente equivale a lo que en la ciencia política se identifica como el Estado de Naturaleza; ésto es, la ley del más fuerte o, como a Thomas Hobbes le gustaba sostener, la circunstancia en la que el hombre es el lobo del hombre (homo homini lupus). La Sociedad Civil (el Estado y sus instituciones), se instaura para sacar a las comunidades de esa condición brutal. Desactivar una larga guerra interna es restituir una Sociedad Civil fallida; lograrlo no debería demandar una paz pírrica. Los políticos de todas las latitudes deberían tener siempre presente que, contrariamente a lo que sostuvo von Clausewitz, la política -quintaesencia de la Sociedad Civil- es la continuación de la guerra (Estado de Naturaleza, puro y duro) por otros medios, y no al revés. Cuando prevalece la política sobre la guerra hay diálogo y negociación sin excluidos; de no cumplirse esas condiciones, tal como Kant anunció, la PAZ perpetua será inasequible

 

[1] The Nobel Peace Prize 2016 - Prize Announcement".Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 7 Oct 2016. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2016/announcement.html

[2]http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/abc.pdf

[3]http://www.elheraldo.co/nacional/las-farc-dicen-no-al-plebiscito-y-si-una-consulta-popular-264946

[4]http://www.elespectador.com/noticias/paz/camino-consulta-popular-paz-articulo-636483

[5] ver en: https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/24_08_2016acuerdofinalfinalfinal-1472094587.pd f